Ciudad de México a 11
de marzo de 2013
C. ENRIQUE PEÑA NIETO
PRESIDENTE DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
P R E S E N T E
Este 11 de marzo estamos
celebrando tres años de que iniciara el reconocimiento legal a los matrimonios
civiles y concubinatos entre parejas del mismo sexo, esto tras la modificación
legislativa al Código Civil y al Código de Procedimientos Civiles, llevada a
cabo el 21 de diciembre de 2009 en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
y la cual impulsamos desde “Sociedad Unida por el Derecho al Matrimonio entre
personas del mismo sexo”, coalición de 170 organizaciones de Sociedad Civil
(feministas, LGBT y de Derechos Humanos en general), la cual tuve el honor de
coordinar.
Como es de su conocimiento, las
modificaciones realizadas para dar tal certeza, implicaron cambiar la
definición de matrimonio a “la unión entre dos personas”, de tal forma que no
otorga derechos diferenciados a quienes suscriben dicho contrato en razón de su
preferencia sexual. Es decir, que garantiza los mismos derechos y obligaciones
que ya estaban contemplados en la ley, sin distingo.
Por su parte la Suprema Corte de
Justicia de la Nación determinó mediante la Tesis 2/2010 a cargo del Ministro
Sergio Armando Valls Hernández, que dichas reformas son Constitucionales, que
parten del principio de igualdad y no discriminación, que se apegan al
reconocimiento y el respeto de los Derechos Humanos, que reconocen la dignidad
de las personas y de sus familias, garantizándose el derecho a la Adopción (el
cual no fue modificado) y que dichos matrimonios habrán de ser reconocidos en
cada uno de los Estados de la República Mexicana en donde vivan o transiten.
Esta vindicación ha marcado un
gran avance en el respeto y el reconocimiento de los Derechos Humanos de todas
las personas, dado que brinda certezas legales por la igualdad y la no
discriminación, contribuyendo a construir nuevas formas de relación social
lejos de los prejuicios, los estereotipos, la desigualdad y la discriminación
por preferencia sexual.
Es un hecho histórico surgido del
Movimiento Social LGBTTTI (que este año cumple 35 años de organizarse), la
sociedad civil en general y la corresponsabilidad de muchas legisladoras y
legisladores del DF, de algunas personas servidoras públicas del anterior
Gobierno del Distrito Federal, de personas Defensoras de Derechos Humanos y de
distintos ámbitos (academia, política, periodistas, y más), así como muchos
medios de comunicación que se comprometieron a facilitar las argumentaciones de
manera respetuosa y propositiva. El Distrito Federal se convertiría en la
primera ciudad en América Latina en reconocer el matrimonio civil y el
concubinato entre parejas del mismo sexo.
Más allá de la claridad de
nuestra Constitución Política Mexicana en garantizar el respeto a los derechos
humanos y el principio de igualdad y no discriminación por ninguna razón, a más
de tres años de entradas en vigor las referidas reformas, en el resto de los
Estados de la República Mexicana, nuestra Carta Magna está siendo vulnerada
toda vez que existen leyes y códigos que son de exclusiva aplicación para
personas heterosexuales, tales como el reconocimiento del matrimonio civil solo
como la unión de un hombre y una mujer; argumentar a la bisexualidad como una
limitante para contraer matrimonio civil y/o como una razón para disolver dicho
contrato; la falta de reconocimiento a las familias homoparentales con y sin
hijas e hijos; la falta de reconocimiento al cambio de Identidad Jurídica a
personas transexuales y transgénero, así como su atención en materia de salud.
Cada uno de estos temas es urgente y prioritario.
Teniendo claras las certezas
jurídicas que reconoce el matrimonio civil, a partir del 13 de abril de 2010
comenzamos a acudir antes las correspondientes clínicas del IMSS e ISSSTE a
solicitar el registro de la o el cónyuge, siendo este un Derecho Laboral por el
cual, quienes trabajamos y contamos con dicha prestación, ya hemos cumplido con
la obligaciones laborales que nos son conferidas, además de haber pagado las
respectivas cuotas, de tal forma que no estamos pidiendo una concesión. En
todos los casos la respuesta ha sido negativa en los hechos.
Solo a quienes nos han dado
respuesta por escrito hemos tenido la posibilidad de promover amparos ante
ambas Instituciones en D.F., Michoacán, Nuevo León, Estado de México, Oaxaca,
entre otros. En todos los casos de amparos promovidos las y los jueces han
determinado que la interpretación de ambas instituciones ha sido
discriminatoria y ha declarado inconstitucionales los artículos invocados. No
omito decir que en el caso del amparo que me fuera otorgado en beneficio de mi
cónyuge (noviembre 2010), fue solicitado un recurso de revisión por parte del
entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa, a través de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social, desistiéndose un par de días después, por la
gravedad de sus implicaciones. Conocemos también un caso ante el ISSSTE que fue
resuelto a mediados de enero de 2013, el cuál tardó más de un año en
resolverse, dado que dicha instancia promovió y sostuvo un recurso de revisión
a un amparo otorgado en esta ciudad a un matrimonio de lesbianas.
Lamentablemente a la mayoría de
los matrimonios y concubinatos entre parejas del mismo sexo que han solicitado
dicho registro, no se les ha dado una respuesta formal, con la cuál pudieran
proceder conforme a derecho. Conocemos dos casos de personas derechohabientes
ante el IMSS que han fallecido (Nuevo León y Morelos) y dicho Instituto no ha
reconocido a la y el cónyuge respectivamente, los derechos de viudez como la
pensión. Hemos incluso conocido dos casos en los que la salud de las
respectivas beneficiarias, ha estado en grave riesgo y no se les ha brindado la
atención a la que tienen derecho.
Tras algunas de las negativas,
iniciamos también quejas ante el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la
Discriminación, quien emitió la Resolución por Disposición 2/2011 la cual está
dirigida a ambas instituciones para que garanticen el ejercicio de derechos
plenos y en igualdad de trato a todas las personas derechohabientes, sin ningún
tipo de discriminación motivada por sus preferencias sexuales, la cual tampoco
ha sido acatada.
Conocemos de la reforma en
materia de Seguridad Social a nivel Federal y saludamos el esfuerzo de
actualizar las leyes para brindar mayores certezas, sin embargo, sabemos que
aún sin entrar en vigor dichas reformas, el derecho laboral a compartir
Seguridad Social, también entre cónyuges de parejas del mismo sexo tiene
cabida, que bastaría que hubiera una interpretación de ambas leyes en clave de
no discriminación y la voluntad política por parte de Su Gobierno, para
garantizar los derechos con los que ya contamos y comenzar a modificar el resto
de leyes, códigos y normas que vulneren o restrinjan el reconocimiento a los
Derechos Humanos de cualquier persona.
Por todo esto, hago un llamado
también para solicitarle una reunión pública con organizaciones y personas
defensoras de derechos humanos de personas LGBTTTI, en el ánimo de establecer
una agenda de trabajo conjunta, en pro de garantizar las prioridades existentes
en materia de derechos de este sector de la población.
Pocas son las personas que desde
su representación ciudadana y desde el servicio público, han cumplido con la
encomienda de trabajar para todas las personas sin distingo. Esta es una
posibilidad para que Usted y el Gobierno que encabeza, haga acciones
contundentes por la igualdad y la no discriminación, no solo de manera
discursiva, sino con hechos, leyes, programas, campañas de reconocimiento y
respeto, etcétera. Las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales,
transexuales, transgénero, travestis e intersexuales, somos finalmente, hombres
o mujeres mexicanas, que reclamamos que se nos garanticen todos y cada uno de
los Derechos Constitucionales contemplados. No queremos derechos especiales.
México y toda su población
necesitan un compromiso real para frenar la violencia, la desigualdad y
comenzar a desarrollar acciones que garanticen el respeto a los derechos
humanos, la igualdad y la no discriminación de todas las personas. Confío en
que Usted como representante ciudadano sabrá responder a estas necesidades.
Con base en el artículo 8°
Constitucional, quedo atenta a su respuesta y aprovecho la ocasión para
enviarle saludos.
SORORALMENTE
LOL
KIN CASTAÑEDA BADILLO
ccp. C. MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, Secretario de Gobernación
C. ALFONSO NAVARRETE PRIDA, Secretario
del Trabajo y Previsión Social
C. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ANAYA, Director
General del Instituto Mexicano del Seguro Social
C. SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, Director
de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
