Curitiba, Brasil, febrero 02 de 2010.
*MINISTRO SERGIO A. VALLS HERNANDEZ*
*SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN*
*DISTINGUIDO MINISTRO:*
Hemos conocido con asombro la acción de inconstitucionalida d interpuesta por
la Procuraduría General de la República ante la Suprema Corte de Justicia de
la Nación en torno de los artículos 146 y 391 del Código Civil para el
Distrito Federal, que regulan las figuras del matrimonio y la adopción,
atendiendo a lo que establecen los artículos 4, 14, 16 y 133 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales fueron
aprobadas el 21 de diciembre de 2009 por la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal y ratificadas por el Jefe de Gobierno el 29 de diciembre de
2009.
Queremos manifestar nuestra preocupación dado que las reformas en comento
son respuesta a un largo proceso de demanda de un conjunto de organizaciones
sociales en demanda de su protección y son acordes al principio
constitucional de México por la no discriminació n. Además de que afirman el
espíritu de equidad e igualdad, contemplados en la declaración de derechos
humanos, así como los tratados internacionales, ratificados por México en su
compromiso por garantizar la seguridad, salud y dignidad de todas las
personas.
La población gay, lésbica, trans e intersex, como la población en su
conjunto, participa activamente en todos los espacios sociales, en ese
sentido históricamente, forma parte de la ciudadanía en cada país y ha
contribuido, en la definición de la sociedad que hoy tenemos. Limitarle sus
derechos en cualquier sentido significaría un acto discriminante que
obstaculiza su pleno desarrollo. Su reconocimiento legal, implicaría
entonces, homologar legalmente sus derechos a aquellos con los cuenta toda
la sociedad.
Queremos así exhortar a desechar el recurso de inconstitucionalida d
promovido por la Procuraduría General de la República, en detrimento de toda
la sociedad, lo cual, además de incumplir con la Constitución Política
vigente, ignora los distintos compromisos internacionales que tiene que
garantizar. Sabemos que el avance en el reconocimiento de derechos para las
personas discriminadas, exigen de la voluntad política para garantizarlos, y
que esto no siempre es fácil; no obstante, al final este reconocimiento
legal se traduce en mejores condiciones de vida y de convivencia. Por ello
pretender cuestionar derechos conquistados, pone en un grave riesgo a toda
la ciudadanía.
Sabemos de su compromiso con los temas de justicia y de derecho, lo que sin
duda, hará que deseche una petición infundada que pretende impedir el
derecho a la igualdad, la equidad y la dignidad de todas las personas.
*Asamblea General V Conferencia Regional ILGA LAC, Curitiba, Brasil.*
*30 de enero de 2010*
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