Matrimonio civil igualitario: un derecho llave

Matrimonio civil igualitario: un derecho llave

Prejuicios van, argumentos vienen…

En México los derechos humanos (DDHH) son garantizados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), deben reflejarse en todas la leyes, programas, códigos, normas y políticas públicas que se implementen, sin promover distinciones. En los hechos, las diferencias de sexo, género, edad, identidad, color de piel, preferencia sexual y tantas más, son la justificación de la desigualdad que nuestra sociedad atesora en sus códigos de discriminación, imaginándolos parte de la “naturalidad” con la que debemos relacionarnos.

Hay quienes reclaman con fuerza: “que todas las opiniones son válidas” y coincido si estas son vertidas en una cantina, pero de ninguna forma, si están vinculadas al reconocimiento de los DDHH; el respeto no puede condicionarse, “te respeto pero estudia otra cosa, no te vistas así, no demuestres tus afectos, no…”; o respetas o no.

Voces conservadoras decían: “por qué insisten en hacer eso que ya ni los heterosexuales quieren…”. La distinción en ese comentario supremacista y su pretensión de decidir sobre la gente, sus libertades y derechos, es que haya una persona que quiera casarse y no pueda por estar limitado el derecho.

Pese a todos los prejuicios que prevalecen en nuestro país respecto del matrimonio civil igualitario (MCI), es muy clara la CPEUM al señalar que TODAS las personas  deben gozar de los mismos derechos, con los mismos nombres. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha ratificado la Constitucionalidad del MCI por ser un tema de garantías a los DDHH, de respeto a la dignidad, que promueve la igualdad y desarticula la discriminación reconociendo a todas las estructuras familiares con igualdad de derechos. Recientemente emitió la jurisprudencia 43/2015 que declara que el MCI no puede tener la condicionante de reproducción (respetando los derechos sexuales y derechos reproductivos) y que ese contrato civil no puede ser exclusivo entre un hombre con una mujer. Esto no significa que el MCI se legalizara en México, pero si ofrece criterios legales que evidencian que la discriminación y la desigualdad hacia parejas del mismo sexo, es legitimada por gobiernos irresponsables y sus legislaturas y ante ello, garantiza el derecho mediante amparo para quien pueda costear su aspiración a la justicia.

La discusión del MCI no tiene argumentos en contra, solo descalificaciones para justificar “quién lo tiene garantizado y para qué”. Hablamos de una figura jurídica entre pares, que no daña a terceras personas. Más allá de su valor simbólico, del amor, del tiempo de la relación o de las razones que tengan, lo que destaca es que el MCI es un derecho llave. Con este, dos personas son reconocidas como familia; pueden compartir seguridad social; pueden tutelarse; pueden tener hijas(os) y gozar de derechos plenos; incluso pueden sujetarse en pareja a un proceso para adoptar; los bienes que tengan deben ser sucedidos a quien enviude; tienen el derecho a vivir sin violencia por parte de la pareja; y por supuesto, al divorcio con una división de bienes equitativa, es decir todos los derechos que contempla y que podrán ser usados de acuerdo a cada pareja.

Quienes atentan contra nuestra inteligencia pretenden hacernos pensar que si dos personas por decisión personal deciden casarse, eso ocasionaría un colapso en la sociedad. Por el contrario, ha quedado claro a más de cinco años de que el MCI entrara en vigor en la Ciudad de México, la sociedad es más respetuosa no porque ya no haya prejuicios, sino por que hay leyes claras que promueven la igualdad.

Lesbianas y homosexuales anhelamos lo que cualquier persona: ser feliz, tener un trabajo, amar, desarrollarse plenamente, gozar de salud… nada extraordinario. Son muchos los beneficios del respeto en una sociedad, destaco la libertad.

Nada ha sido suficiente para homologar las leyes en México y construir con ellas una sociedad justa. Seguimos escuchando pretextos, mitos, prejuicios sosteniendo la idea de que las diferencias entre las personas deben garantizar la desigualdad. El poder legislativo en los Estados no tiene nada que discutir, la SCJN deja ver que aún cuando pretendan ignorar el tema o sugerir debates, los códigos civiles que niegan el MCI están aplastando a las personas. La sociedad civil busca la forma de defenderse de su propio gobierno y lo vamos a lograr. Quienes gobiernan, quienes legislan sin cumplir su encargo de representar serán recordadas por no cumplir con la CPEUM.

Parafraseando a Pierre Bourdier, la violencia simbólica son códigos culturales por medio de los cuales se “explica” a la violencia como “la consecuencia de los actos de quien la vive”. Renunciemos a la violencia y a la desigualdad. Usemos este derecho llave como pretexto para dialogar con nuestros prejuicios y respetar a todas las personas sin condicionarlas. Si el Presidente Enrique Peña Nieto hace un llamado concreto a garantizar MCI en todo el país, si los gobiernos estatales interpretan las leyes constitucionalmente y sin vulnerar a las personas, entonces habremos fortalecido la democracia y facilitado nuevas reglas sociales con principios de igualdad. Sirva el trabajo conjunto entre sociedad civil, entes públicos y medios de comunicación para edificar un mejor México en donde nadie quede sin derechos.

Lol Kin Castañeda Badillo

Defensora de derechos humanos

@lolkincast

lolkincast@gmail.com



Este texto se publicó en
Suplemento Todas número 89, 27 de julio, 2015
Grupo Milenio e Instituto Nacional de la Mujeres
http://inmujeres.gob.mx/index.php/sala-de-prensa/suplemento-todas