La
sociedad mexicana está construida a partir de diversidad étnica, ideológica,
cultural, religiosa y dentro de cada una de ellas, la variable de preferencia
sexual (heterosexual, lesbiana, homosexual, bisexual). Esta riqueza se vuelve
un problema en el momento en que a las diferencias se les asignan
valoraciones hegemónicas, que sirven para justificar la desigualdad, esa que privilegia
un solo modelo normativo y somete a quienes disienten.
La
homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia son formas de control social,
de dominación y sometimiento, anclados en prejuicios que naturalizan la acción
nacional de excluir, segregar y violentar. Es una problemática que involucra
a toda la sociedad, que impacta en la salud pública y que vulnera los
derechos humanos. Además de sus muchos matices de análisis, a partir del cruce
entre sexo-género-identidad de género, con salud-educación-cultura-trabajo, Estas
acciones pueden reflejarse en burlas, acoso, negación de derechos y
violencia, incluso al extremo del crimen de odio.
Desde
mi experiencia, el reconocimiento del matrimonio civil igualitario es una
acción civilizatoria, que atiende de fondo el principio de igualdad,
el derecho a la no discriminación y el respeto a la dignidad de todas las
personas. La Ciudad de México dejó claro con la modificación legislativa del
21 de diciembre de 2009 al código civil, que es un derecho llave
para garantizar todos los derechos contenidos (seguridad social compartida,
filiación, tutela, créditos mancomunados, entre otros), en igualdad de
circunstancias a parejas de igual o distinto sexo. Nada tiene que ver con la naturaleza y si con
el respeto.
Ante
ese gran avance y previendo el impacto que suscitaría en el resto del país, el
conservadurismo mexicano obligó a que la legislación fuera sometida a un
análisis de constitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, quien confirmaría su Constitucionalidad, pues al ser un
acto entre dos personas y por voluntad propia, no vulnera derechos de terceras
personas.
Si
bien, la entrada en vigor del matrimonio igualitario ha dotado de certezas a
más de 6500 parejas de lesbianas y homosexuales en todo México, a la fecha,
también es cierto que los derechos derivados hemos tenido que arrancárselos al
Estado, a judicialazos, pues aún cuando no había limitantes en las
normas, el mandato ha sido no facilitar el acceso. Tras emitir
distintas resoluciones, finalmente la SCJN hizo la jurisprudencia 43/2015 dejando
claro a todos los estados de la República que aún no lo reconocen, que sostener
el matrimonio civil como la unión solo de un hombre con una mujer e incluir la
procreación como objetivo, es discriminatorio y vulnera la Constitución. Ante
ese criterio emitido por la máxima instancia impartidora de justicia en México,
pregunto ¿qué necesitan quienes gobiernan, para interpretar el código civil en
clave de no discriminación y dar certezas a quien lo solicite?
No
tienen claro que los derechos humanos no se condicionan. Omitir garantizar
el tema bajo el pretexto de las costumbres, las consultas, o de que el
agua y el aceite o se juntan, son simples pretextos para no asumir que
fueron electos para representar a toda la gente, incluso a quienes no son sus
seguidores. Las excusas que ofrecen para sostener la desigualdad, exhiben su
pretensión de imponer su propia moral como bien público, promoviendo
de facto en la sociedad, el mensaje homofóbico que incita a la discriminación y
la violencia. Sí, cuando la persona que representa las leyes, el orden y el
bien público, se niega a reconocer la igualdad sostenida en prejuicios, el
resto de la población asume que las diferencias son justificadas y
desigualatorias.
Hace
unos días en Campeche fue aprobado el matrimonio igualitario con 34 votos a
favor y 1 en contra. Ese único voto en contra fue de Morena y no me sorprende,
pues la historia de Andrés Manuel López Obrador demuestra en actos y dichos, su desprecio
al tema y al ser una postura pública, hace permisible que
otros de sus militantes, se tomen la atribución de intentar
bloquear los posibles avances. AMLO siendo evangélico, ha abierto las puertas
del partido a sus compañeros de religión, lo cual está bien, excepto si no alcanzan
a distinguir el quehacer público, del adoctrinamiento dogmático.
La
CDMX está en el momento fundacional más importante, en el que habremos de
diseñar las certezas jurídicas que necesitamos para mejor las condiciones de
vida. La Constitución debe tener como eje a las personas y garantizar
transversalmente en cada eje temático, “todos los derechos para todas las personas”,
sin derechos exclusivos, solo así dejaremos de reproducir la discriminación por
homofobia en la administración pública y podremos avanzar en lo social, a un
ambiente de respeto y dignidad.
Valga
es 17 de mayo para recordar a los gobiernos de Oaxaca, Michoacán, Morelos,
Puebla, Nueva León, Durango, Tamaulipas Yucatán, Chiapas que una parte de sus
votantes, militantes y tributantes, son lesbianas, homosexuales, bisexuales y
trans, y están pugnando por que el Estado les devuelva la dignidad y reconozca
derechos plenos.
Lol Kin Castañeda Badillo
Defensora de derechos humanos
@lolkincast
Este texto fue publicado por La Capital, el 17 de mayo 2016
