En México tenemos una Constitución Política (CPEUM) que
da certeza al reconocimiento y respeto de los derechos humanos, de ella deben
desprenderse las leyes, reglamentos, normas y demás instrumentos que definan
las relaciones sociales con base en
el reconocimiento de la diversidad.
En cualquier foro -incluidas las cantinas-, puedes
escuchar la definición intelectual respecto a “lo que son los derechos humanos”, pero
en menos casos, esas personas “entienden humanamente” aquellas
realidades que permanecen marginadas
y sujetas a la desigualdad.
La clase
política conservadora (de cualquier partido político), plantea consensar si
debe aprobarse el matrimonio civil igualitario
(MCI) sin importarles que retrasen el acceso a derechos de lesbianas y
homosexuales, a diferencia de
heterosexuales. No entienden
que es un asunto de respeto a derechos y que éstos, no pueden estar
condicionados. Estas reformas son contra mayoritarias y han sido analizadas por la máxima instancia
impartidora de justicia, es decir la SCJN,
dejando claro que la Entidad de México que restrinja el matrimonio solo entre
una mujer con un hombre y/o les imponga fines reproductivos, es inconstitucional.
¿Nuestra CPEUM no alcanza para garantizar igualdad? ¿Cómo
es que quien administra un Estado, ignora los principios constitucionales de
igualdad y no discriminación y no tenga una sanción? ¿Cuánto pagan los
gobiernos por impedir el ejercicio de derechos a una persona?
Hace 6 años éramos un pequeño grupo de personas quienes
impulsamos MCI, tuvimos que tener mucho valor y colocar argumentos donde solo
había prejuicios. Ahora hay más de 6
mil parejas que gozan de derechos, ganamos decenas de amparos para compartir seguridad
social y para casarse fuera del DF. La implementación fue replicada en Quintana Roo y Coahuila, además de que
el “debate”
ha sido detonado en otras entidades en las que no alcanza la intelectualidad
a “ceder” esos derechos, que prefieren “preservar” para personas heterosexuales, que avanzar afirmativamente por una sociedad con respeto y armonía.
En cada caso de MCI resuelto, la SCJN ha corregido las
injusticias de las autoridades vindicando
la dignidad de las personas afectadas, transformando “un proyecto” en “una
resolución colegiada” y ha dejado claro que si bien México tiene muchas realidades e
identidades, ellas no pueden
continuar justificando la desigualdad y su consecuente violencia.
Mientras no hagamos de las teorías y las leyes una forma
de vida, los derechos humanos estarán
lejos de proteger a las personas. Seguirá siendo común hablar de realidades no construidas y escuchar la
promesa de la paridad, como algo que no merece el ahora. Dice Enrique Peña Nieto que las mujeres
podrán tener la mitad de algo que él no ofrece en la composición de su
gabinete. Dice la SCJN que es
inconstitucional prohibir el MCI y no hay procesos que finquen
responsabilidades a gobernadores y personas servidoras públicas, por fomentar
la desigualdad. Dicen que las niñas y
los niños no deben ser invisibles, cuando en realidad la infancia es solo una aspiración, lejos de ser garantizada.
Pese a todo aún hay organización social acompañando los
procesos sociales, exigiendo la rendición de cuentas y buscando métodos para
librar el autoritarismo. Pronto será el día en que tengamos claro que gozar de los mismos derechos y transitar con
igualdad hace que la sociedad tenga justicia y los valores que prevalezcan
sea el respeto, la dignidad y la
libertad, por cierto, nada que ahora nuestra CPEUM no garantice.
Lol Kin Castañeda Badillo
Defensora de derechos humanos
@lolkincast
Este texto fue publicado en Mexican Times
02 diciembre 2015
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